La creciente preocupación en El Salvador por posibles medidas económicas del gobierno es justificada. Con una deuda pública de 30 mil millones de dólares y un PIB en desaceleración, las declaraciones del expresidente del Banco Central, Carlos Acevedo, sobre posibles aumentos de impuestos y otros ajustes fiscales contrastan con la negativa oficial del gobierno. Sin embargo, propuestas como despidos masivos en el sector público y un incremento del IVA podrían agravar la situación de los más vulnerables.

Las medidas sugeridas, aunque razonables desde una perspectiva de justicia tributaria, podrían tener un impacto social negativo. Los salvadoreños ya enfrentan muchas dificultades, y añadir nuevas cargas fiscales podría ser devastador para una economía frágil. A pesar de las proyecciones optimistas del Banco Mundial para 2024, la incertidumbre y el temor entre la población son palpables. Es crucial que el gobierno de Bukele maneje esta situación con transparencia y sensibilidad para no profundizar la crisis.